En ocasiones es necesario conocer o resolver conflictos o fraudes de los diferentes tipos de servicios, delitos y estafas informáticas.
La LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil) admite la modalidad de informe pericial de parte como medio de prueba dentro del proceso. Ponemos a tu disposición una amplia experiencia en la elaboración y posterior defensa del informe pericial de parte. Un servicio orientado a clientes particulares, empresas, administraciones y abogados.
Nuestros expertos en peritaje judicial tecnológico elaboran informes periciales y asisten a juicios en distintas áreas de derecho:
- Laboral
- Penal
- Mercantil
- Civil
- Contencioso administrativo
- Mediación
Algunas de las actividades susceptibles de la labor pericial son estos:
- Interpretación contratos de servicios TIC.
- Normativa y relación con instituciones.
- Informes técnicos de cualquier índole.
- Empleados desleales.
- Ataques informáticos.
- Extorsión en redes sociales.
Actuando para cualquiera de las partes (defensa o acusación) en litigios en los que intervienen pruebas relacionadas con el uso de las TIC, reforzando la estrategia con informes objetivos, transmitiendo la información con claridad y a su vez contundente para corroborar la argumentación o desarmar la de la otra parte.
CASOS DE ÉXITO
En todos estos casos la elaboración del informe pericial de parte y su posterior defensa en sede judicial fueron determinantes para que se decantaran favorablemente hacia nuestros clientes.
- Un cliente particular que tiene en propiedad unos dominios que había cedido a su empresa y una vez que abandona la misma, la empresa dice que los dominios son suyos.
- Empleado es despedido acusado de utilizar de forma indebida los medios tecnológicos que la empresa pone a su servicio
- En un proceso de separación una de las partes denuncia acceso indebido de la otra parte a su correo electrónico.
- Una Operadora proporciona un servicio de conectividad a Internet y el cliente considera que la calidad del servicio no se ajusta al contrato y reclama indemnización.
- Una Operadora demanda a otra operadora por incumplimiento servicio.
- Administración solicita a una operadora una tasa por el uso de su espacio público.
- Administración deniega ayudas por supuesto incumplimiento de las bases tecnológicas.
- Administración deniega presentación de facturas a una empresa TIC argumentando la no actividad de la misma.